Instituto de Derecho


Algunos lineamientos respecto de la Responsabilidad Civil de los Productores- Asesores de Seguros (PAS)

Martín Lía



Por Martín Lía
Abogado




El mercado asegurador ha sufrido una importante expansión en los últimos tiempos significando en la actualidad, cerca del 3% del Producto Bruto Interno del país.

El Productor - Asesor de Seguros (PAS) es quizás el eslabón más importante en la cadena de comercialización de seguros, cumpliendo un rol trascendental en lo que respecta al interés de todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, acreedoras de asesoramiento.

Su actividad se encuentra regulada por la Ley 22.400, y es realizada por un profesional, -habilitado a partir de su matriculación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación- a intermediar promoviendo la concertación de contratos de seguros, brindando asesoramiento a asegurados y asegurables. Pero su tarea no se limita exclusivamente a una etapa contractual, sino que –en un mercado tan competitivo-  la actividad de los PAS requiere de su actuación tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual.

 

Para ello debe rendir exámenes de idoneidad y mantenerse actualizado, realizando cursos de capacitación periódicos. Pero como todo profesional, el Productor – Asesor está expuesto a riesgos en el ejercicio de su profesión.

La Responsabilidad de los Productores Asesores de Seguros debe ser diferenciada desde distintas esferas. Así, una conducta reprochable puede significar el surgimiento de acciones administrativas, penales y civiles.

En lo que respecta a las acciones Administrativas, el Productor – Asesor de Seguros se encuentra sometido a un régimen disciplinario cuyo poder de policía ejerce la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme lo establecido por la normativa vigente.

Así, puede surgir una Responsabilidad Administrativa, a raíz de su sujeción a las normas específicas que rigen la materia,  cuyo órgano de control y aplicación será la Superintendencia de Seguros de la Nación, dado que, en la actividad aseguradora se hallan involucrados vastos intereses sociales, lo que se traduce en un sistema de contralor permanente que comprende desde autorización para operar de aseguradoras hasta el de la actividad de todos los agentes involucrados en las operaciones de seguros incluyéndose a los PAS.

 

Pueden ser pasibles también de una Responsabilidad Penal, que surge de la propia Ley 20.091 (Régimen de los Aseguradores y su Control) tanto del juego armónico de los Artículos 59 y 63 como también, y más específicamente  del Artículo 60 donde se tipifica penalmente la actitud del Productor – Asesor que no entrega las primas al asegurador.

Por su parte, el Productor – Asesor, puede ser pasible de una Responsabilidad Civil, que, a diferencia de las sanciones administrativas y penales, no se encuentra comprendida en las leyes que rigen la materia aseguradora, pero que surge del tradicional principio neminem laedere respecto de los daños que pudiera ocasionar su conducta siguiendo las normas del Código Civil.

Es en este último punto donde parece interesante adentrarse en su análisis a raíz de la reciente trascendencia jurisprudencial.

Teniendo en cuenta las características propias de la “profesionalidad”, es decir habitualidad, autonomía técnica, habilitación, presunción de onerosidad y sujeción a normas reglamentarias, podemos adelantar que la Responsabilidad de los Productores-Asesores de Seguros (PAS) encuentra su naturaleza jurídica en la Responsabilidad de los Profesionales.

Si bien la ley de Seguros Nº 17.418 en su artículo 53 brinda un escueto marco de acción de los Productores - Asesores de Seguros, la realidad fáctica muestra una situación totalmente distinta, y la labor de los Productores encuentra cada vez más exigencias y variedad de tareas.

Ante ello, el Productor de Seguros se encuentra expuesto a un gran número de riesgos propios de su actividad.

Y estos riesgos radican en el ejercicio propio de su actividad, es decir a aquellas situaciones en las cuales por “culpa” del Productor de Seguros se produce un daño a alguien que ha intervenido en la cadena de comercialización. Entendiendo por culpa, aquella prevista en el Art. 512 del Código Civil, es decir, a la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que corresponden a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Por su parte, resulta importante tener en cuenta lo dispuesto por el Código Civil en su Art. 902 –plenamente aplicable a la actividad de los Productores de Seguros- al establecer que “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. Es decir, la responsabilidad del Productor – Asesor de Seguros se encuentra agravada por su especial versación en la materia.

Nuestra Jurisprudencia, ha sostenido que los Productores – Asesores de Seguros responden por culpa en la esfera de los Artículos 512 y 1109 del Código Civil variando su apreciación en función de la gravedad del daño y de la posibilidad que hubiera tenido de evitarlo. “Si bien la ley 22.400 establece las sanciones aplicables al productor-asesor, las responsabilidades de este no se agotan en el contenido de esa ley, porque la misma sólo es comprensiva del aspecto estrictamente profesional de ese auxiliar; el cual, como todo ciudadano, es responsable civilmente por su actuar culposo, negligente o doloso frente al asegurado, en cuyo caso deberá afrontar las consecuencias previstas en el sistema de responsabilidad del Código Civil, básicamente en sus artículos 512, 902, 1109, y 1198.” (CNCom, Sala B, mayo 7-1993). ED, 156-524.

El conocimiento por parte del Productor – Asesor, de circunstancias personales, técnicas, financieras o jurídicas tanto respecto de la Compañía de Seguros, como del asegurable en forma previa a la celebración del contrato, resulta imprescindible para un correcto asesoramiento y cumplimiento acabado de su función.

Esta información, que resulta necesaria para la transparencia del negocio y correcto asesoramiento a las partes, si resulta inexacta configuraría un supuesto de responsabilidad subjetiva ya sea por dolo o culpa del PAS.

Para que el Productor sea pasible de Responsabilidad Civil, y en consecuencia deba hacerse cargo económicamente de ciertos daños, tienen que cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar debe haber un incumplimiento de una obligación que él necesariamente tiene que cumplir, esto es un incumplimiento objetivo.

Por otra parte, tiene que existir un factor de atribución de responsabilidad, es decir, un accionar doloso o culposo de su parte. Asimismo, debe haberse configurado un daño causado por ese incumplimiento, puesto que un incumplimiento que no genera daño es insusceptible de reparación, y finalmente una relación de causalidad adecuada y conveniente.

El artículo 10 de la Ley 22.400 establece específicamente las funciones y deberes de los Productores de Seguros, enunciándose taxativamente entre otras funciones que deberán informar sobre la identidad de las personas que contraten por su intermedio, así como también los antecedentes y solvencia moral y material de las mismas, a requerimiento de las entidades aseguradoras; como también informar a la entidad aseguradora acerca de las condiciones en que se encuentre el riesgo y asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura.

Así por ejemplo, un Productor – Asesor de Seguros, no puede, si lo conoce, ocultar a la aseguradora que un asegurable posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Tampoco podría ocultar al asegurado cuestiones vinculadas a la situación patrimonial y financiera de una aseguradora u ofrecer coberturas insuficientes para el riesgo que se pretende cubrir sin realizar un correcto asesoramiento. En consecuencia, es obligación del Productor – Asesor, obrar con la debida diligencia al asesorar y celebrar los contratos de seguros, y la omisión en esta obligación puede generar daños susceptibles de reparación civil.

En cuanto a la órbita de la responsabilidad del Productor – Asesor de Seguros, el distinguido Dr. Carlos Ghersi sostiene que la acción de responsabilidad contra los Productores de Seguros por su incumplimiento en la contratación de un seguro se encuentra enmarcada en la Responsabilidad Contractual. (Ghersi, Carlos Alberto. “Responsabilidad Profesional 2”. Ed. Astrea, Pag. 162)

Siguiendo ese razonamiento, respecto del Plazo de Prescripción de la Responsabilidad de los Productores y, teniendo en cuenta que dicha acción –como se postula- se encuentra enmarcada dentro de la órbita contractual,  sin perjuicio de la eventual aplicación de la Opción Aquiliana del Artículo 1107 del Código Civil, resultará aplicable el plazo común de prescripción en materia comercial que legisla el Código de Comercio en su Artículo 846, (plazo decenal) y no el plazo previsto por la Ley 17.418 en su Artículo 58, (plazo anual) aplicable cuando se demande por incumplimiento del contrato de seguro.

A modo de corolario de lo expuesto hasta ahora, resulta interesante citar un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial que sintetiza lo expuesto al sostener que: “El mediador más importante en la relación aseguradora es el Productor – Asesor de Seguros, que desde el punto de vista de su naturaleza jurídica constituye un auxiliar de comercio con características profesionales propias. La responsabilidad de su ejercicio profesional emerge del Código Civil: 1109 y 1113 y su participación en la gestión representa un factor de garantía para las partes contratantes en cuanto coadyuva a que las relaciones que se establezcan entre ellas sean de buena fe, equidad y justicia. Por otra parte, su actividad debe ser diligente tanto en la etapa previa a la formación del contrato, como en sus momentos posteriores, dado las variaciones a que está expuesto continuamente el riesgo, el que eventualmente puede derivar en la ocurrencia del siniestro. (Cfr. Alfano Orlando H. “El Control de Seguros y Reaseguros – Naturaleza y Alcance” Bs. As. Ed. La Ley, 2000, Pág. 211 y SS.). Asimismo, debe tenerse presente que el Productor – Asesor es un comerciante calificado, al que le es aplicable el CCiv:902” (Caviglione Fraga – Monti – Ojea Quintana – SSN c/Cía. De Seguros La Mercantil Andina S.A. s/Apelación Directa. 21/09/07. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala C)”

 

 
DOCTRINA

INSTITUTO DE DERECHO INFORMATICO

Derecho al olvido o derecho a la caducidad de los datos personales por el transcurso del tiempo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Matilde Susana Martínez
Miembro del Instituto de Derecho Informático




En el caso “Napoli”  recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el actor promueve demanda contra Citibank N.A. en los términos de la ley 25.326 para que eliminara la información referente a su persona que figuraba en sus registros y que a su vez comunicara tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos de que fuera dado de baja de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Según surge de la causa la actora era deudora de un saldo de la tarjeta de crédito “Diners” desde noviembre de 1995 y otro saldo de la tarjeta “Mastercard” desde el mismo mes pero del año 1996.

 

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INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

La Práctica Médica en el Régimen de Riesgos de Trabajo: Algunas reflexiones - Un interrogante


Analia AlmarantePor Dra. Andrea Amarante
Miembro del Instituto de Derecho del Trabajo



Temario: 1. Algunas reflexiones: 1.1. Inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas. 1.2. La responsabilidad civil de las ART/s. 2. Ingreso del trabajador siniestrado al sistema de riesgos de trabajo. 3. Rol del profesional de la medicina en la atención del trabajador siniestrado. 4. Un interrogante.

 

Sumario: Se describe el funcionamiento práctico del régimen de riesgos de trabajo y los padecimientos de los trabajadores que ingresan a su sistema, para finalmente intentar encontrar respuesta a un único interrogante respecto al control ético del médico que presta servicios en el referido sistema.

 

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Algunos lineamientos respecto de la Responsabilidad Civil de los Productores- Asesores de Seguros (PAS)

Martín Lía



Por Martín Lía
Abogado




El mercado asegurador ha sufrido una importante expansión en los últimos tiempos significando en la actualidad, cerca del 3% del Producto Bruto Interno del país.

El Productor - Asesor de Seguros (PAS) es quizás el eslabón más importante en la cadena de comercialización de seguros, cumpliendo un rol trascendental en lo que respecta al interés de todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, acreedoras de asesoramiento.

Su actividad se encuentra regulada por la Ley 22.400, y es realizada por un profesional, -habilitado a partir de su matriculación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación- a intermediar promoviendo la concertación de contratos de seguros, brindando asesoramiento a asegurados y asegurables. Pero su tarea no se limita exclusivamente a una etapa contractual, sino que –en un mercado tan competitivo-  la actividad de los PAS requiere de su actuación tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual.

 

Para ello debe rendir exámenes de idoneidad y mantenerse actualizado, realizando cursos de capacitación periódicos. Pero como todo profesional, el Productor – Asesor está expuesto a riesgos en el ejercicio de su profesión.

La Responsabilidad de los Productores Asesores de Seguros debe ser diferenciada desde distintas esferas. Así, una conducta reprochable puede significar el surgimiento de acciones administrativas, penales y civiles.

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INSTITUTO DE DERECHO ROMANO

El Corpus Iuris Civilis La Obra Magna del Derecho Romano

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Por José Alejandro Pellicano
Miembro del Instituto de Derecho Romano





I.- Introducción:

Cuando se aborda el estudio del derecho romano, entendiendo a este –en sentido estricto- como el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron la conducta del pueblo romano desde la fundación de Roma (año 753 a.J.C.) hasta la muerte del emperador Justiniano (año 565 d.J.C.)1, resulta imprescindible adentrarse en la compilación de las leyes y jurisprudencia romanas ordenada por este último gobernante bizantino, conocida como Corpus Iuris Civilis, no solo por su notable trascendencia histórica y jurídica, sino porque constituye el antecedente por antonomasia del derecho moderno universal.

Esta monumental obra jurídica, realizada en tan solo seis años (527-535 d.J.C.) ha sido, indudablemente, la que más ha influido en la configuración de las legislaciones modernas. En sentido, el maestro LUIS RODOLFO ARGUELLO ha expresado con total acierto que “los grandes preceptos que sirven de base al mundo jurídico moderno son siempre los que los romanos establecieron y, con toda razón se ha sostenido, a nadie le es permitido repudiar esta herencia sino al precio de romper con el pensamiento de los juristas, de reemplazar el derecho por la arbitrariedad o la violencia”. 2

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