Instituto de Derecho del Trabajo


INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

La Práctica Médica en el Régimen de Riesgos de Trabajo: Algunas reflexiones - Un interrogante


Analia AlmarantePor Dra. Andrea Amarante
Miembro del Instituto de Derecho del Trabajo



Temario: 1. Algunas reflexiones: 1.1. Inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas. 1.2. La responsabilidad civil de las ART/s. 2. Ingreso del trabajador siniestrado al sistema de riesgos de trabajo. 3. Rol del profesional de la medicina en la atención del trabajador siniestrado. 4. Un interrogante.

 

Sumario: Se describe el funcionamiento práctico del régimen de riesgos de trabajo y los padecimientos de los trabajadores que ingresan a su sistema, para finalmente intentar encontrar respuesta a un único interrogante respecto al control ético del médico que presta servicios en el referido sistema.

 

 

 

“…Deberes de los médicos en general: Se condenan como no éticas las siguientes prácticas:

“…Tomar parte en cualquier plan de cuidados médicos en el que el médico no tenga independencia profesional completa...

(Código Internacional de Ética Médica de la World Medical Association adoptado en su Asamblea General, Ginebra 1948).

1. Algunas reflexiones: es la única pretensión de estas líneas el efectuar algunas reflexiones en torno a la actividad desarrollada por los profesionales de la salud que prestan servicios para las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo/ART.

Mucho se ha escrito, mares de tinta se utilizaron en ponencias, publicaciones y libros esgrimiendo idénticos argumentos respecto a la Ley 24557/96 denominada Ley de Riesgos de Trabajo/LRT, siendo el peor de todos los riesgos el intento de sortear su procedimiento y lograr acceder a la Justicia.

El procedimiento del sistema de riesgos es en sí mismo una iniquidad pues crea y regula el funcionamiento de las ART que no son una abstracción sino una persona jurídica con fines de lucro que necesita a hombres y mujeres de carne y hueso a quienes les requiere una actuación en concreto.

1.1. Inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas: no es la intención de este trabajo un análisis de la inconstitucionalidad de las denominadas “Juntas Médicas/Comisiones Médicas”  creadas por la Ley 24241/artículo 51 y regladas en los artículos 21 y 22 de la LRT.

Se ha dicho de ellas - con toda razón -  que son la contra cara del proceso laboral que debe tutelar jurídica y procesalmente al trabajador para igualar su desigual condición debilitada en la relación económica y social.

En las IX Jornadas  Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Laboral, en el Panel Laboral se arribó a la siguiente Conclusión/Nº 10 sobre las mismas:

“…La desprotección de las víctimas de infortunios laborales también se expresa en el procedimiento único al que obliga la LRT, enviando al trabajador desamparado a presentarse por ante las ART y las Comisiones Médicas, éstas últimas verdaderos “tribunales especiales” investidos de facultades jurisdiccionales que lesionan el principio de libre acceso a la justicia y la garantía del debido proceso (artículo 18 de la CN)…Estos órganos administrativos integrados por profesionales médicos dependientes del PEN, resuelven además sobre cuestiones ajenas a sus incumbencias…”

Y es que así lo dispone la LRT en al artículo 21.1. a)  que dichas comisiones serán las encargadas de determinar:

“…la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad…”

El Decreto 716/96 que regula el procedimiento ante estas comisiones dispone un proceso contencioso, sin asesoramiento letrado para el trabajador y le da a estos órganos administrativos facultades jurisdiccionales totalmente ajenas a sus incumbencias profesionales, siendo sin lugar a dudas violatorio de los principios de división de poderes, del juez natural y del debido proceso.

1.2. La responsabilidad civil de las ART por casos de mala praxis: tampoco es el objetivo de este trabajo el análisis de los supuestos de mala práctica médica en que puedan incurrir las ART en su carácter de empresas prestadoras de servicios de salud.

No porque ellas no sean posibles sujetos pasivos por las acciones o por las omisiones especialmente en los casos en que existe denegatoria de las prestaciones requeridas por los trabajadores accidentados o que padecen enfermedades laborales.

La Ley 24557 establece que las contingencias productos de infortunios laborales deben ser cubiertas por las ART pero la mala praxis no es consecuencia natural del siniestro laboral sino que existe otro tipo de responsabilidad por los errores de los médicos contratados por las ART.

Aunque la LRT regula los hechos dañosos ocurridos en ocasión o con motivo del trabajo dependiente posteriormente y, como producto de la prestación médica brindada y muchas veces no brindada por los profesionales médicos  de las ART pueden ocasionarse daños en la persona del trabajador.

Cuando se accidenta o enferma, el trabajador dependiente siniestrado, se convierte en paciente de la ART y consecuentemente rigen las normas civiles que regulan el contrato de servicios médicos, en cuyo caso los profesionales de la salud que lo atienden deben dar cumplimiento con las normas técnicas que rigen su actuación.

En caso contrario surge la obligación de reparación de los daños ocasionados al trabajador/paciente por su negligencia, impericia o imprudencia.

No existe pues, diferencia alguna - a efectos de establecer su responsabilidad profesional - entre los médicos que prestan servicios en un Hospital, en una Prepaga o en una Obra Social o entre los médicos que prestan servicios en una ART.

2. Ingreso del trabajador siniestrado al sistema de riesgos de trabajo: en el mismo momento en que el trabajador siniestrado ingresa al sistema de riesgos de trabajo, ya sea por la denuncia efectuada por el empleador o por la denuncia efectuada por el propio dependiente, se produce una inversión de una de las máximas que deben regir la conducta profesional que indica: “el médico solo verá en el paciente al ser humano que lo necesita…”

Es así que se entra en el campo de una nueva premisa neoliberal y acorde con las necesidades de la ART, rigiendo la máxima: “el médico verá en el paciente una pérdida de ganancias que la aseguradora no necesita…”

En esta etapa las ART - a través de su personal médico - proceden conforme el significado de la expresión “pour la gallerie”, esto es, con el único objeto de dar una apariencia o una impresión de cumplir con el rol para el que fueron contratadas, pero la realidad está muy lejos de ser así.

Se perfila la descalificación del cuadro del trabajador, se le indica reiteradamente que existen “dolencias pre-existentes”, que las consecuencias del accidente y/o enfermedad que padece son secuelas de otras situaciones traumáticas ajenas, anteriores y no producto del siniestro.

Comienza así la “retención” de todo el material médico, estudios, análisis, placas RX, Tomografías, Resonancias y se lo convierte en “propiedad” de la ART, ninguna documentación médica debe llegar a manos del trabajador o de sus médicos tratantes por fuera del sistema hasta el reclamo judicial.

Se guardan bajo las llaves administrativas órdenes, recetas, indicaciones y se desdibuja muchas veces torpe y aceleradamente la evolución de los cuadros.

Con la consigna de pagar lo menos que sea posible, de cubrir la menor cantidad de prestaciones posibles, se prioriza la ganancia, se buscan alternativas menos onerosas o lisa y llanamente baratas y se retacean estudios y prácticas médicas por ser consideradas innecesarias o bien se las declara sin relación alguna con el accidente y/o enfermedad.

Como si fuera posible desmembrar a un ser humano/a un trabajador,  no se le autorizan - aún estando internados - estudios complementarios que coadyuvarían a un integral y por tanto correcto diagnóstico por considerarlos “sin relación directa” con el cuadro patológico.

En muchos casos, se confeccionan Historias Clínicas incompletas, insuficientes y muy breves con el único propósito de eludir la responsabilidad a futuro.

Rápidamente, los médicos de las ART preparan indicaciones de prácticas médicas que deberán realizarse a través de la Obra Social del trabajador o a través del sistema público de salud, transfiriendo directamente así - en el primero de los casos - el peso de los pagos a la propia víctima e indirectamente  - en el segundo - al Estado.

En forma inmediata y literalmente “se expulsa” al trabajador del sistema a través del no reconocimiento del carácter laboral del accidente y/o enfermedad que padece, por la caracterización de no laboral de la naturaleza jurídica del accidente y/o enfermedad, el rechazo del accidente “in itinere” luego de las “correspondientes investigaciones” que han llevado en la práctica a su eliminación, o simplemente a través de un alta para volver a cumplir sus tareas normales.

Basados en los “informes médicos” emitidos por los profesionales de la salud, médicos y paramédicos, que prestan servicios en las ART, aparecen las ya famosas comunicaciones fehacientes por Cartas Documentos o por envíos OCA - en los que en muchos casos ni siquiera se consignan los domicilios de las ART a efectos de una respuesta - que notifican que “…se hará uso de la facultad dispuesta por el artículo 22 del decreto 491/97 que nos habilitan a extender los plazos para definir la aceptación o rechazo del siniestro hasta reunir los antecedentes a tal fin…”

Sin duda alguna es el prolegómeno de un rechazo arbitrario, basado y fundamentado en las conclusiones a las que arriban los médicos intervinientes luego de una “exhaustiva revisación” del trabajador accidentado, enfermo e incapacitado.

En la gran mayoría de los casos, trabajadores enfermos, accidentados, incapacitados con importantes disminuciones en su capacidad laborativa son dados de alta en forma prematura con y para el consecuente cese de las prestaciones debidas.

En consecuencia, a los trabajadores no se les otorga rehabilitación como tampoco se les dan alternativas para desempeñarse en nuevas tareas.

Debido a las secuelas invalidantes no reconocidas por los médicos de las ART,  no pueden incorporarse nuevamente a sus tareas y es cuando son despedidos, siendo así que la desprotección y la discriminación a que se ve sometido el trabajador se dan doblemente.

Por ser víctima de un infortunio laboral y debido a la todavía vigente e inconstitucional Ley 24557/LRT,  se le otorga trato desigual por su calidad de trabajador dependiente.

 

Además, tal lo invocado en la generalidad de los casos, luego de ello se lo despide por haber sufrido un deterioro en su integridad psicofísica sin que la empleadora pueda re-ubicarlo en un puesto de trabajo adecuado a su nueva condición.

Cuando se piensa que en este sistema está todo previsto para perjudicar al trabajador siniestrado, el círculo se cierra con el mal trato que debe sufrir por parte de algunos empleados administrativos sin formación médica/paramédica y/o técnica preparados por la “normativa interna” para la negativa: negativa a autorizar la entrega de medicamentos recetados por los profesionales, negativa a autorizar prácticas médicas, aduciendo que no se corresponden con la patología que padece el mismo y negativa a los traslados adecuados que supuestamente deben ser solicitados a tiempo.

Son empleados administrativos que niegan la autorización para la entrega de un medicamento recetado por un médico de la propia aseguradora porque consideran que “…tal cuadro no se correspondía con la enfermedad que padecía el trabajador accidentado.”, constituyéndose en árbitros del deber ser de la salud de un trabajador a quien solo le queda esperar horas de “amansadora” de sus pretensiones para finalmente ser enviados a su casa “por sus propios medios”.

Es que el sistema está preparado no para proteger al trabajador ni tampoco para cubrir las contingencias del siniestro sino para ganar mucho y perder lo menos posible, condenando a la víctima de un infortunio laboral a esperas eternas de prestaciones que llegan tarde o no llegan, mientras tanto deberá deambular pasillos y consultorios en los que nunca encuentra respuesta y cuando la encuentra es para comunicarle que su dolencia “no tiene carácter laboral” o “se trata de una patología inculpable”.

3. Rol del profesional de la medicina en la atención del trabajador siniestrado:

Los médicos de las ART y de la SRT tienen un fuerte condicionamiento con el sistema, en el caso específico de los médicos de la Superintendencia y, conforme lo dispuesto en el artículo 38, apartado 3) de la LRT: “…Las relaciones del personal con la SRT se regirá por la legislación laboral…”.

De modo que, ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo y por la falta de estabilidad - de la que podrían gozar en un empleo público - por tratarse de una relación de empleo privado, conspiran contra su independencia.          

Según Héctor Verón, Superintendente de Riesgos de Trabajo, la  SRT resolvió adoptar el Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional.

El objetivo de ello es que se constituya en una guía:

“…Tenemos la convicción de que existe un creciente reconocimiento de las complejas, y a veces contradictorias responsabilidades que le caben a los profesionales frente a los trabajadores, los empleadores, la gente, la salud pública y las autoridades laborales. En la medida en que todos, (estado, empresas productivas y de servicios, aseguradoras -tanto de riesgos del trabajo como de otras coberturas-, jefes, gerentes, capataces, operarios, profesionales, técnicos, y también desempleados, porque no estamos hablando meramente de la posesión de empleo sino de roles socialmente instituidos), nos asumamos como trabajadores, sólo así podremos asegurar la convivencia y la existencia de condiciones dignas y decentes de trabajo”.¨

Aparentemente de estas declaraciones parece surgir que los médicos de las ART/SRT se reivindican trabajadores que reclaman condiciones dignas de trabajo por el desempeño de “responsabilidades contradictorias”.

Como trabajadores de la salud tienen distinto tratamiento en el ejercicio de los derechos laborales colectivos derivados de su profesión, lo cual es un reconocimiento expreso por parte de las autoridades gubernamentales de las especiales características de su prestación.

Ello es así porque dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo fue creada la “Comisión de Garantías” que fija límites al derecho de huelga de los gremios de salud y asociaciones médicas, estableciéndose que las medidas de fuerza no podrán extenderse más de dos días por semana y deberán garantizarse servicios mínimos.

La misma es un órgano integrado por representantes de la UIA, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario y tiene como objetivo la resolución de conflictos en los denominados “servicios esenciales”.

Si bien algunas organizaciones gremiales de profesionales de la salud se han pronunciado en contra de la constitución de esta Comisión y aún de sus dictámenes limitativos del derecho de huelga, la misma es un hecho e implica un control sobre un sector específico de los trabajadores dependientes.

4. Un interrogante:

Ahora bien, si en el desempeño de sus tareas, estos trabajadores “con responsabilidades complejas y contradictorias”, para conservar su fuente de trabajo, que les garantiza el sustento personal y familiar, deben desempeñarse dentro de los límites que le marcan  las sumas de dinero que las ART/s están dispuestas a sufragar, y deben por y para ello olvidar el Juramento Hipocrático que les indica:

“…Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones…”

Frente a todo lo hasta aquí descripto, frente a una situación algo “siniestra” de ocultamiento y manipulación de la realidad respecto a la salud de los trabajadores accidentados y/o enfermos y la absoluta falta de control de profesionales funcionales a las necesidades de un sistema de riesgos de salud inicuo y perverso, como abogada laboralista a quien ya le resulta imposible guardar silencio, el interrogante que se me plantea es:

¿Quién y, con qué parámetros, se ejerce el control ético del ejercicio profesional de los médicos del sistema de riesgos de trabajo?

 

 

 
DOCTRINA

INSTITUTO DE DERECHO INFORMATICO

Derecho al olvido o derecho a la caducidad de los datos personales por el transcurso del tiempo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Matilde Susana Martínez
Miembro del Instituto de Derecho Informático




En el caso “Napoli”  recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el actor promueve demanda contra Citibank N.A. en los términos de la ley 25.326 para que eliminara la información referente a su persona que figuraba en sus registros y que a su vez comunicara tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos de que fuera dado de baja de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Según surge de la causa la actora era deudora de un saldo de la tarjeta de crédito “Diners” desde noviembre de 1995 y otro saldo de la tarjeta “Mastercard” desde el mismo mes pero del año 1996.

 

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INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

La Práctica Médica en el Régimen de Riesgos de Trabajo: Algunas reflexiones - Un interrogante


Analia AlmarantePor Dra. Andrea Amarante
Miembro del Instituto de Derecho del Trabajo



Temario: 1. Algunas reflexiones: 1.1. Inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas. 1.2. La responsabilidad civil de las ART/s. 2. Ingreso del trabajador siniestrado al sistema de riesgos de trabajo. 3. Rol del profesional de la medicina en la atención del trabajador siniestrado. 4. Un interrogante.

 

Sumario: Se describe el funcionamiento práctico del régimen de riesgos de trabajo y los padecimientos de los trabajadores que ingresan a su sistema, para finalmente intentar encontrar respuesta a un único interrogante respecto al control ético del médico que presta servicios en el referido sistema.

 

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Algunos lineamientos respecto de la Responsabilidad Civil de los Productores- Asesores de Seguros (PAS)

Martín Lía



Por Martín Lía
Abogado




El mercado asegurador ha sufrido una importante expansión en los últimos tiempos significando en la actualidad, cerca del 3% del Producto Bruto Interno del país.

El Productor - Asesor de Seguros (PAS) es quizás el eslabón más importante en la cadena de comercialización de seguros, cumpliendo un rol trascendental en lo que respecta al interés de todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, acreedoras de asesoramiento.

Su actividad se encuentra regulada por la Ley 22.400, y es realizada por un profesional, -habilitado a partir de su matriculación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación- a intermediar promoviendo la concertación de contratos de seguros, brindando asesoramiento a asegurados y asegurables. Pero su tarea no se limita exclusivamente a una etapa contractual, sino que –en un mercado tan competitivo-  la actividad de los PAS requiere de su actuación tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual.

 

Para ello debe rendir exámenes de idoneidad y mantenerse actualizado, realizando cursos de capacitación periódicos. Pero como todo profesional, el Productor – Asesor está expuesto a riesgos en el ejercicio de su profesión.

La Responsabilidad de los Productores Asesores de Seguros debe ser diferenciada desde distintas esferas. Así, una conducta reprochable puede significar el surgimiento de acciones administrativas, penales y civiles.

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INSTITUTO DE DERECHO ROMANO

El Corpus Iuris Civilis La Obra Magna del Derecho Romano

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Por José Alejandro Pellicano
Miembro del Instituto de Derecho Romano





I.- Introducción:

Cuando se aborda el estudio del derecho romano, entendiendo a este –en sentido estricto- como el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron la conducta del pueblo romano desde la fundación de Roma (año 753 a.J.C.) hasta la muerte del emperador Justiniano (año 565 d.J.C.)1, resulta imprescindible adentrarse en la compilación de las leyes y jurisprudencia romanas ordenada por este último gobernante bizantino, conocida como Corpus Iuris Civilis, no solo por su notable trascendencia histórica y jurídica, sino porque constituye el antecedente por antonomasia del derecho moderno universal.

Esta monumental obra jurídica, realizada en tan solo seis años (527-535 d.J.C.) ha sido, indudablemente, la que más ha influido en la configuración de las legislaciones modernas. En sentido, el maestro LUIS RODOLFO ARGUELLO ha expresado con total acierto que “los grandes preceptos que sirven de base al mundo jurídico moderno son siempre los que los romanos establecieron y, con toda razón se ha sostenido, a nadie le es permitido repudiar esta herencia sino al precio de romper con el pensamiento de los juristas, de reemplazar el derecho por la arbitrariedad o la violencia”. 2

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