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Derecho al olvido o derecho a la caducidad de los datos personales por el transcurso del tiempo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Matilde Susana Martínez
Miembro del Instituto de Derecho Informático




En el caso “Napoli”  recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el actor promueve demanda contra Citibank N.A. en los términos de la ley 25.326 para que eliminara la información referente a su persona que figuraba en sus registros y que a su vez comunicara tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos de que fuera dado de baja de la Central de Deudores del Sistema Financiero. Según surge de la causa la actora era deudora de un saldo de la tarjeta de crédito “Diners” desde noviembre de 1995 y otro saldo de la tarjeta “Mastercard” desde el mismo mes pero del año 1996.

 

 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III consideró que resultaba aplicable al caso el “derecho al olvido” invocado por la actora, con sustento en el art. 26, inc. 4°, de la ley 25.326 y en el art. 26, párr. 3° del decreto reglamentario 1558/01, pues de las normas mencionadas surge que se deberán suprimir los datos negativos en la base de datos al cabo de dos años en el caso que se haya cancelado  o extinguido de otro modo la obligación, o de cinco años si la misma no ha  sido cancelada, contados en este último caso a partir de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible, por lo que consideró que, “la calificación 5 que se informa se origina en la mora del deudor” y debe computarse a partir de ese momento, sin que tenga incidencia que la información sea mantenida por el acreedor año a año durante un período indeterminado de tiempo lo que derogaría en los hechos el régimen de la ley.


Fundamentos de la recurrente

Contra lo decidido por la Cámara mencionada, Citibank N.A. interpuso recurso extraordinario, cuya denegación dio lugar a la queja, que resultó formalmente admisible.

La recurrente cuestiona el momento a partir del cual debe computarse el plazo de cinco años del “derecho al olvido”, con el argumento que no comienza desde el primer informe producido cuando la deuda comenzó a ser exigible, sino “a partir de la extinción del plazo para que el cobro de dicha deuda pueda exigirse al deudor”.

 

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte precisa que en cuanto a la resolución del caso interesa el precepto del art. 26 de la ley 25.326 en su inc. 4 que establece: “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.

En tanto, el art. 26 del decreto N° 1558/01 reglamentario de la ley indicada, en su parte pertinente dispone: “Para apreciar la solvencia económica-financiera de una persona, conforme lo establecido en el art. 26, inciso 4, de la Ley N° 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a dos (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación”.

“A los efectos del cálculo del plazo de dos (2) años para (la) conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda”.

Señala el Tribunal que dos cosas trascienden con suficiente nitidez. Una de ellas es que la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que transcurrido cierto tiempo, los datos significativos para evaluar su solvencia económico-financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado.

La otra es que el legislador expuso su preocupación por el mantenimiento de esta información adversa en las bases de datos por un largo lapso de tiempo dando lugar a una suerte de inhabilitación del deudor y a la consiguiente imposibilidad de reingreso al circuito comercial lo que consideró disvalioso.

Por eso la ley 25.326 estableció un plazo distinguiendo la situación de aquellos que cancelaron su deuda (2 años)  con aquellos que no lo hicieron (5 años), sin perjuicio de que en este caso pueda perseguirse el cobro de la obligación mientras ésta sea exigible.

Por ello, contrariamente a lo que sostiene la apelante no puede interpretarse ni del texto de la ley y de la génesis de la misma que el plazo de 5 años deba quedar postergado  mientras la deuda sea exigible por no haberse operado la prescripción, pues los legisladores  originariamente habían propuesto un plazo de 10 años, él que coincidiría con la prescripción, pero luego decidieron establecer un plazo menor -5 años-. En el caso sub examine se trata de la aplicación del plazo de 5 años, pues como surge de autos las obligaciones no habrían sido canceladas. Uno de los conceptos adeudados responde al saldo de la tarjeta de crédito “Diners” que se mantiene impago desde el 16 de noviembre de 1995 y el saldo de la tarjeta de crédito “Mastercard” impago desde el mes de noviembre de 1996.

Como consecuencia de esta información enviada por el Citibank N.A. a la Central de Deudores del Sistema Financiero se registró en ésta que el actor se encontraba en “situación 5”, es decir deudor “irrecuperable” en relación a ambas deudas por las cuales mantiene un atraso en el pago de dichas obligaciones superior a un año, conforme las Comunicaciones del BCRA relativas a la clasificación de deudores y al régimen informativo que deben cumplir las entidades financieras. El dato señalado “situación 5” ha sido ingresado mensualmente durante años a la Central de Deudores del Sistema Financiero sin ninguna variante.

La Corte Suprema apunta que el plazo de 5 años debe ser contado como lo dispone el art. 26 del decreto 1558/01 en su parte pertinente “…a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”.

En relación a éste párrafo de la norma la Corte en el fallo destaca lo siguiente: “La imprecisión y poca claridad que exhibe esta norma reglamentaria –cuya constitucionalidad no ha sido impugnada- acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. Ha de evitarse, entonces, toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del computo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.”

“En este sentido, [dice la Corte] cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato –en su sentido cronológico- que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”. En este orden de ideas, se adelanta que, no podrá considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el sólo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si –como ha ocurrido en el sub examine- se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.”

En el caso, expresa el Alto Tribunal, “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta  de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” En tales supuestos, al inicio de la demanda, el plazo de cinco años se hallaba superado, razón por la cual corresponderá suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero y la demandada deberá solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones en tal sentido en la base de datos señalada en los términos del art. 16, 2do. Párr. del Decreto N° 1558/2001.

Además, señala la Corte que el plazo de prescripción que debe regir en las deudas discutidas en autos es el de diez años, motivo por el cual en la actualidad aquellas estarían prescriptas. Adicionalmente a ello, destaca que en tal situación ya no sería exigible por el acreedor por lo que dudosamente podría sostenerse que corresponde mantener la condición de “deudor” en tales registros, “pues se configuraría un supuesto en el que el dato ha perdido vigencia “…respecto de los fines para los que se hubiese obtenido o recolectado…”, y en consecuencia, debe ser suprimido “…sin necesidad de que lo requiera el titular de los datos” (decreto n° 1558/01, artículo 4°, párrafo tercero).

 

Nuestra opinión.  Consideraciones destacadas en el fallo de la  Corte Suprema

En nuestro país el “derecho al olvido” se encuentra normado por la ley 25.326, art. 26, inc. 4,  estableciendo: “Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.” Por su lado la reglamentación del decreto 1558/01, para el mismo artículo e inciso en la parte pertinente, dispone: “para apreciar la solvencia económica financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26 inciso 4, de la ley 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible.”

La Corte, en el fallo en análisis, señala que la ley 25.326 ha consagrado el “derecho al olvido”, con la finalidad de que los afectados no queden presos de su pasado  y que transcurrido cierto tiempo los datos para evaluar la solvencia económico-financiera de aquellos sean suprimidos de los bancos de datos.

Por otro lado destaca la preocupación de los legisladores al sancionar la ley, pues aquellos tuvieron en miras que el mantenimiento de la información adversa de los deudores por largos períodos de tiempo les imposibilitaba el reingreso al circuito comercial debido a que ocasionaba una suerte de inhabilitación al deudor. Por ello, dice la Corte que no puede pensarse que del texto de la ley y de su génesis, el plazo de 5 años deba quedar postergado mientras la deuda sea exigible, es decir hasta que se haya operado la prescripción.

Tal como en el caso “Catania”, fallo dictado por la CSJN el 8 de noviembre de 2011  acerca del derecho al olvido, el Alto Tribunal desvincula la exigibilidad de la deuda con el cómputo del plazo para la aplicación del derecho al olvido.  Habíamos sostenido con anterioridad esta postura sustentando que “la ley hace una distinción entre aquellas personas que cancelaron o extinguieron su obligación reduciéndoles el plazo a dos años, mientras que aquellos que no hayan cumplido con tales requisitos (cumplimiento de la obligación) deben permanecer cinco años en los registros o bancos de datos, sin diferenciar si las deudas anteriores al plazo señalado continúan siendo exigibles o han dejado de serlo.”

Expresa la Corte Suprema que el párrafo del art. 26 del decreto 1558/01 donde dispone “…a partir de la fecha de la última información adversa que revele que dicha deuda era exigible”, adolece de “imprecisión y poca claridad” acerca del momento en que comienza a correr el plazo de los cinco años, motivo por el cual ello “debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326. También se refiere a que dicho párrafo no ha sido impugnado por inconstitucional. En relación a ello, hace tiempo que venimos afirmando que el texto del decreto en la parte indicada, ha modificado sustancialmente el tenor de la LPDP -art. 26 inc. 4- , por lo que propiciamos la impugnación por   inconstitucionalidad de la parte pertinente del art. 26 del decreto 1558/2001, por apartarse de las prescripciones de la ley 25.326, reglamentaria del art. 43, párr. 3º, de la Constitución Nacional.  La referencia expresada por la Corte en cuanto a que “-cuya constitucionalidad no ha sido impugnada-” podemos interpretarla como una apertura a ejercer este derecho tendiente a lograr que definitivamente se obtenga la declaración de inconstitucionalidad de la parte cuestionada estableciéndose con mayor certeza el momento desde el cual debe computarse el plazo de cinco años si no se ha regularizado la obligación o dos años si ésta se ha normalizado, para que opere el “derecho al olvido”, el que en nuestra opinión debería ser desde que la deuda se hizo exigible, es decir cuando comenzó la mora del deudor.

Agrega la Corte en el fallo en estudio que debe evitarse que la información se postergue sine die o con una excesiva tardanza, puesto que ello se opone al propósito de los legisladores de lograr la reinserción del afectado en el circuito financiero. Por tal motivo considera que no podrá tomarse como la última información adversa aquella que implique una repetición de la misma información sin que haya sufrido ninguna modificación ni aditamento.

Y con respecto al caso en análisis considera que “la última información adversa en los términos del artículo 26 del decreto n° 1558/01, data del mes de noviembre de 1996 –en el caso de la tarjeta de crédito “Diners”-, y del mes de noviembre de 1997- en el caso de la tarjeta  de crédito “Mastercard”- fechas en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por haberse cumplido un año desde que las respectivas deudas se hicieron exigibles.” Es decir que la Corte reconoce en este caso que se deben contar seis años desde que se produjo la mora por el hecho de que la “situación 5” fue asignada al año de producirse la mora conforme lo establecen las Comunicaciones del BCRA de Clasificación de deudores , pues desde que la deuda se hizo exigible la situación fue cambiando desde la calificación “1” a la “5” tal como lo dispone la reglamentación citada. En alusión a esta interpretación de la Corte destacamos  la opinión de Molina Quiroga, quién manifiesta que “se ha planteado que para evitar esta “prolongación” se podría impugnar el dato de mora en forma general, por ser esto lo que está sujeto al derecho al olvido, sin admitir que la reglamentación del BCRA puede –en su aplicación– modificar el plazo de caducidad de la LPDPA. Es decir que el dato atacado es la mora, y se cuenta desde el comienzo de la mora.”… “En nuestra opinión, estos supuestos deben interpretarse de acuerdo a la LPDPA y al espíritu del legislador, que claramente fijó un plazo de 5 años en materia de información financiera, lo que en modo alguno afecta las actividades del BCRA con fines de supervisión bancaria.”

Por último, la Corte señala que en el caso que estamos comentando el plazo de prescripción es el de diez años, por lo que en la actualidad dichas deudas estarían prescriptas. Con este fundamento rescata el principio de “finalidad para el cual se hubieran obtenido o recolectado los datos” establecido por el decreto 1558/01 en su art. 4º, párrafo 3ro., motivo por el cual dicha información debe ser suprimida sin necesidad de que el titular lo requiera cuando la misma ha perdido vigencia para los fines indicados.

 

A modo de conclusión

Los fallos de la Corte garantizan el “derecho al olvido” en relación a la postura jurisprudencial y doctrinaria que postula la postergación sine die o la falta de exigibilidad de la obligación para computar el plazo. No obstante ello, la Corte introduce una nueva hipótesis sobre el momento en que debe calcularse el plazo de cinco o dos años según lo que corresponda, considerando que es a partir del año en que se produjo la mora ya que a partir de allí comenzará a ser informado a la Central de Deudores del BCRA conforme lo establece la reglamentación de dicho órgano rector.

Pues, entonces el momento a partir de cuando comienza a computarse el plazo para ejercer el  “derecho al olvido” es un tema que continúa abierto y por el que deberemos continuar trabajando hasta que acontezca una solución acorde a la voluntad de los legisladores al dictar la ley de Protección de los Datos Personales.

 

 

 

 

 
DOCTRINA

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Matilde Susana Martínez
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INSTITUTO DE DERECHO DEL TRABAJO 

La Práctica Médica en el Régimen de Riesgos de Trabajo: Algunas reflexiones - Un interrogante


Analia AlmarantePor Dra. Andrea Amarante
Miembro del Instituto de Derecho del Trabajo



Temario: 1. Algunas reflexiones: 1.1. Inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas. 1.2. La responsabilidad civil de las ART/s. 2. Ingreso del trabajador siniestrado al sistema de riesgos de trabajo. 3. Rol del profesional de la medicina en la atención del trabajador siniestrado. 4. Un interrogante.

 

Sumario: Se describe el funcionamiento práctico del régimen de riesgos de trabajo y los padecimientos de los trabajadores que ingresan a su sistema, para finalmente intentar encontrar respuesta a un único interrogante respecto al control ético del médico que presta servicios en el referido sistema.

 

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Algunos lineamientos respecto de la Responsabilidad Civil de los Productores- Asesores de Seguros (PAS)

Martín Lía



Por Martín Lía
Abogado




El mercado asegurador ha sufrido una importante expansión en los últimos tiempos significando en la actualidad, cerca del 3% del Producto Bruto Interno del país.

El Productor - Asesor de Seguros (PAS) es quizás el eslabón más importante en la cadena de comercialización de seguros, cumpliendo un rol trascendental en lo que respecta al interés de todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, acreedoras de asesoramiento.

Su actividad se encuentra regulada por la Ley 22.400, y es realizada por un profesional, -habilitado a partir de su matriculación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación- a intermediar promoviendo la concertación de contratos de seguros, brindando asesoramiento a asegurados y asegurables. Pero su tarea no se limita exclusivamente a una etapa contractual, sino que –en un mercado tan competitivo-  la actividad de los PAS requiere de su actuación tanto en la etapa precontractual, contractual y post contractual.

 

Para ello debe rendir exámenes de idoneidad y mantenerse actualizado, realizando cursos de capacitación periódicos. Pero como todo profesional, el Productor – Asesor está expuesto a riesgos en el ejercicio de su profesión.

La Responsabilidad de los Productores Asesores de Seguros debe ser diferenciada desde distintas esferas. Así, una conducta reprochable puede significar el surgimiento de acciones administrativas, penales y civiles.

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INSTITUTO DE DERECHO ROMANO

El Corpus Iuris Civilis La Obra Magna del Derecho Romano

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Por José Alejandro Pellicano
Miembro del Instituto de Derecho Romano





I.- Introducción:

Cuando se aborda el estudio del derecho romano, entendiendo a este –en sentido estricto- como el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron la conducta del pueblo romano desde la fundación de Roma (año 753 a.J.C.) hasta la muerte del emperador Justiniano (año 565 d.J.C.)1, resulta imprescindible adentrarse en la compilación de las leyes y jurisprudencia romanas ordenada por este último gobernante bizantino, conocida como Corpus Iuris Civilis, no solo por su notable trascendencia histórica y jurídica, sino porque constituye el antecedente por antonomasia del derecho moderno universal.

Esta monumental obra jurídica, realizada en tan solo seis años (527-535 d.J.C.) ha sido, indudablemente, la que más ha influido en la configuración de las legislaciones modernas. En sentido, el maestro LUIS RODOLFO ARGUELLO ha expresado con total acierto que “los grandes preceptos que sirven de base al mundo jurídico moderno son siempre los que los romanos establecieron y, con toda razón se ha sostenido, a nadie le es permitido repudiar esta herencia sino al precio de romper con el pensamiento de los juristas, de reemplazar el derecho por la arbitrariedad o la violencia”. 2

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