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ENTREVISTA AL DR. JUAN ALBERTO FANTINI ALBARENQUE, JUEZ

A cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 6

1) Brevemente, ¿cómo es el funcionamiento actual del fuero federal de la seguridad social?

 

En primer lugar deberíamos destacar la actual dimensión de la competencia del fuero la que producto de la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social  ha ido más allá de las intencionalidades del legislador al sancionar la ley 24655.

Así es como tramitamos  reclamos de muy diversa índole que van desde los reajustes de haberes previsionales de beneficiarios de ANSES como de los regimenes especiales de las FFAA  y fuerzas de seguridad hasta las ejecuciones fiscales por faltas de aportes y contribuciones de AFIP y obras sociales como así también multas por falta de registración de empleados.

Nuestro fuero es muy particular ya que en un primer momento fue creada la Cámara con sus tres salas  mediante ley 23473 y  una década después la primera instancia con un total de diez juzgados con asiento en la capital. Posteriormente la Excma. C.S.J.N. mediante los fallos “PEDRAZA”,  “CONSTANTINO”  y mas recientemente “OSTEP” ha ido descomprimiendo en parte el colapso foral.

 

2) ¿Alcanzan los recursos humanos y técnicos para tramitar debidamente más de cincuenta y cinco mil causas?

 

Actualmente con motivo de la implementación del denominado programa nacional de reparación histórica ley 27.260 los juzgados de primera instancia hemos sido provistos de tres contratos: uno  de secretaria, otro de prosecretaria y otro de oficial lo que ha permitido instaurar una especie de tercer secretaria la que mas allá de la reparación histórica es imprescindible para poder llevar adelante la tramitación de las causas y prestar un eficaz servicio de justicia.

Ante la inminente fecha de vencimiento del programa de reparación histórica nuestra preocupación principal pasa por conservar esos contratos ya que la necesidad de una tercer secretaria para cada juzgado de primera instancia de la seguridad social es indispensable.

Desde el año 2006 el tema del colapso  del fuero ha sido una temática de constante tratamiento por parte del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION y del poder legislativo que mediante resoluciones y proyectos de ley han tratado la creación de cinco juzgados y una sala mas por solo citar algunas la res. 290/2006 y el proyecto s-2199/2010.

 

 

3) ¿Cuál ha sido en el fuero el impacto de la ley de reparación histórica, y cuál es su opinión respecto de la misma? 

 

Además de los recursos humanos que señale anteriormente, se trata de la primera experiencia de expediente digital a nivel nacional.

Ello implica un cambio de paradigma en la administración de justicia hacia el interior de los juzgados y en la prestación misma del servicio.

En lo que hace a la disminución de la litigiosidad, la que en el articulo dos de la ley 27.260  es expuesta como razón o argumento para la declaración de emergencia del fuero, lo cual de por si es bastante polémico ya que la consecuencia se convierte en causa, no se ha visto reducida.

Al menos  en un primer momento  por el contrario y  tal como lo señalamos en una sentencia a las causas en trámite se le vinieron a sumar los expedientes digitales.

Recordemos que los expedientes digitales de la reparación histórica son de dos tipos por un lado tenemos los acuerdos transaccionales puros por medio de los cuales se trajo a la justicia a aquellas personas que nunca habían hecho juicio contra el estado para lograr una redeterminación y movilidad de sus haberes previsionales.

Por otra parte están las causas digitales que configuran incidentes de aquella o aquellas causas que oportunamente los beneficiarios dedujeron contra la administración nacional de la seguridad social.

Mas allá del impacto inicial en lo laboral, desde una visión macro la ley puede ser vista positiva y negativamente.

Hay quienes la consideran una excusa legal para la disposición del F.G.S. y la instauración de un nuevo sistema previsional acorde a imposiciones del FMI  en cuanto a esta postura no habré de hacer ninguna consideración ya que hasta el presente me veo involucrado  en la tramitación de la causa “FERNANDEZ PASTOR”  y me remito a lo que he sostenido en las sentencias que me ha tocado dictar en la misma.

Desde una visión positiva es innegable que se trata de la implementación de una política pública que implico el mayor reajuste de haberes previsionales en simultaneo de la historia previsional argentina en cuanto a la cantidad de personas alcanzadas.  .

En los fundamentos de la ley se destaca que en la argentina hay juicios por reajustes de haberes previsionales desde la década del sesenta del siglo pasado.

En este sentido que el estado haya decidido reconocer que ha sido un deudor sistemático y contumaz de la clase pasiva es positivo. Ante un problema lo mejor es reconocerlo y tratar de dar una solución y ello la ley en ese aspecto lo ofrece.

 

4) ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la aplicación real del concepto de movilidad jubilatoria?

 

El tema es de una complejidad altísima en nuestro país. Hay muchos países en los que el fuero judicial de la seguridad social no existe como así tampoco se oye hablar de reclamos constantes en cuanto a la insuficiencia de las prestaciones en lo que hace a la cobertura de necesidades mínimas o como sustituto del haber de actividad.

Si se escucha cada vez más la inviabilidad de los sistemas previsionales a partir de las modificaciones sufridas en las pirámides poblacionales, las modificaciones del mercado laboral y los cambios culturales en los que se destacan la longevidad y la educación.

En la argentina la cuestión pasa principalmente por una combinación de las variables antes señaladas pero atravesadas por el factor económico y principalmente por la inflación.

El factor inflacionario es una constante en la litigiosidad en materia previsional desde los primeros juicios como así también su ausencia es la explicación de breves periodos de inmovilidad previsional.

En teoría pareciera que ponernos de acuerdo en una tasa de sustitutividad es decir determinar un porcentaje del haber de actividad como haber inicial jubilatorio pudiese ser una solución para evitar los reclamos de redeterminación de haberes jubilatorios. Ello es así en personas con buenos salarios y que lleguen al final de su vida laboral en una situación jerárquica acorde pero no para otros en los que es conveniente que se  le consideren años anteriores al cese ello ha explicado porque en la argentina desde 1968 hasta ahora con alguna excepción en épocas de alta inflación se ha optado por considerar los últimos diez años o 120 remuneraciones mensuales.

Asimismo, para los autónomos puede no ser bueno quedarse con la ultima realidad económica inmediata al cese sino ver la totalidad de los años de aportes, algunas personas tienen muy buenos ingresos en sus primeros años y otros los tienen al final.

Lo mismo ocurre en relación con la movilidad jubilatoria, es decir las mejoras de haber que tienen lugar después de otorgado el beneficio, la ley 26.417 fue la norma que mas años estuvo vigente y no fue descalificada por ninguna autoridad judicial su formula que combinaba recursos estatales con variaciones salariales sobrevivió por mas de ocho años hasta la sanción de la reciente ley 27.426 que ya ha sido declarada inconstitucional en algún aspecto por un juzgado de primera instancia y por una sala de la Cámara a menos de un año de su sanción. Al discutirse esta ultima ley se trataron como opción una formula que tuviera respaldo en la variación inflacionaria y la que finalmente se adopto que consiste en una formula proporcional 70/30 entre variación inflacionaria – nivel general de índices de precios al consumidor nacional  INDEC - y salarial – remuneración imponible promedio de los trabajadores estables RIPTE- respectivamente,

 

 

5)  ¿Considera ud. que a corto o mediano plazo existirá una mejora en el mecanismo de administración de la justicia, al menos en cuanto lo que respecta al fuero de la seguridad social?

 

Al momento de esta entrevista aun no se había pronunciado la Excma. CSJN en relación con el índice que debe utilizarse para la redeterminacion de haberes iniciales de aquellas personas que han recurrido a la justicia. en el caso blanco debía pronunciarse el 18 de diciembre sobre la ratificación del ISBIC según interpretación del caso ELLIFF o el índice combinado con RIPTE adoptado por el art. 5 de la ley 27.260, el decreto 807/16, y toda la normativa posterior y concordante como por ejemplo circular 6/16 res. 56/18 res. 1/2018 de la secretaria de seguridad social  y la propia ley 27.426

Si la csjn adoptase el indice combinado de la ley 27.260 y normas posteriores estariamos frente a la posibilidad de cerrar una gran grieta en materia de litigiosidad previsional para enfocarnos en lo que respecta a la ley 27.426 esto es desde el 01 de enero de 2018 en adelante. obviamente quedaran reclamos remanentes en relacion a topes, p.b.u., y otros pero el grueso habra encontrado una solucion.

por el contrario si considera que corresponde la aplicación del isbic aun hasta marzo del 2009 tal como lo ha venido decidiendo la camara del fuero en su jurisprudencia yo creo que ello traera consecuencias no solo para los que tienen juicio actualmente en tramite y han optado por no adherir al programa de reparacion historica.