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LA CORTE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE UN BENEFICIO JUBILATORIO

"Destacando que hay situaciones especiales por edad avanzada o por discapacidad que permiten distinguir algunos beneficiarios de otros"

Susana Accorinti

Abogada T°  26 F° 833 CPACF



La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79 inciso c), 81 y 90 de la ley del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto según leyes 27.346 y 27.430) respecto del beneficio jubilatorio otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos a favor de María Isabel García por su desempeño como diputada y docente durante su vida activa, según sentencia dictada el 26 de marzo de 2019 en la causa “García María Isabel c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.
De este modo, el Máximo Tribunal de la Nación confirmó las sentencias del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nro. 2 y de la Cámara Federal de Paraná que hicieron lugar a la demanda de la jubilada García a la vez que reconoció que, si bien por el principio de división de poderes, el Congreso Nacional tiene la facultad de crear tributos y determinar sus alcances, no debe violentar derechos constitucionales como sucede con el goce de los derechos de la seguridad social. Enfatizó, así, la importancia de proteger la prestación previsional y la diferenció de la renta sujeta a impuesto entendida como el salario del trabajador activo, destacando que hay situaciones especiales por edad avanzada o por discapacidad que permiten distinguir algunos beneficiarios de otros.
Para el fallo de la Corte, la garantía de igualdad ante la ley en materia tributaria (art. 16, Constitución Nacional) consiste en dar el mismo tratamiento a los que están en una razonable igualdad de circunstancias y aclaró que la reforma constitucional de 1994 impulsó el desarrollo de la igualdad para lograr la tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad a través de medidas de acción positiva (1). Frente al envejecimiento y la discapacidad, los modos más comunes para tener acceso a un beneficio previsional, la persona humana tiene que contar con mayores recursos para lograr una vida digna y ejercer sus derechos fundamentales.
Basado en distintos precedentes de ese mismo Alto Tribunal incluidos los referidos a los derechos de la ancianidad en la Constitución Nacional (2), el fallo invocó numerosos instrumentos internacionales vigentes (3) y señaló que la capacidad contributiva no debe ser el único parámetro a ponderar por el legislador cuando se trata de establecer tributos a los jubilados ya que ese colectivo de personas presenta una vulnerabilidad vital.
La revisión judicial en materia tributaria siempre estuvo ligada a situaciones de confiscatoriedad pero, a partir de este caso en donde el planteo se vincula con una
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jubilada que tenía 79 años de edad al promover la demanda, con problemas de salud y cuyos descuentos tributarios entre marzo a mayo 2015 oscilaron entre el 29,33 % y el 31.94%, la Corte Suprema propició definir una política fiscal que no se desentienda del resto del ordenamiento jurídico para dar respuestas especiales y diferenciadas a sectores vulnerables.
El Tribunal Cimero, al confirmar la sentencia recurrida, declaró la inconstitucionalidad de las normas tributarias que aplican el impuesto a las ganancias sobre la jubilación de la actora y puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, debiendo conjugar este factor relevante junto con el de capacidad contributiva potencial. Además, se le debe reintegrar a la actora desde el momento de interposición de la demanda hasta su efectivo pago los montos retenidos por aplicación de las normas impugnadas y no se le hará ninguna retención por el impuesto a las ganancias sobre el haber de la jubilada hasta que el Congreso legisle al respecto.
También es interesante sintetizar los principales fundamentos del voto en disidencia del Presidente de la Corte Suprema, el dr. Carlos Rosenkrantz, para quien correspondía admitir el recurso extraordinario, revocar la sentencia recurrida y rechazar la demanda, con costas por su orden, en base a sostener que: i) el impuesto a las ganancias pagado por un trabajador en actividad se corresponde con un hecho imponible distinto del que se paga por recibir un beneficio jubilatorio; ii) el legislador tiene amplia discreción para establecer impuestos; iii) el principio de integralidad del haber previsional (art. 14 bis, Constitución Nacional) no impide que sea reducido por ley, por responder al interés público y en tanto no sea confiscatorio ni manifiestamente desproporcionado (4); iv) desde la perspectiva de la justicia distributiva, una política social progresiva no impide gravar las jubilaciones más elevadas, como sucedió con la ley 27.346 y su debate parlamentario en donde el senador Abal Medina expuso con claridad que sólo pagan este impuesto “las jubilaciones de privilegio”, es decir, las que superen seis veces el haber mínimo (Cámara de Senadores de la Nación, 22 reunión, 2da. Sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2016) y v) la sustentabilidad y el buen funcionamiento del sistema previsional que provee los beneficios de la seguridad social obligan a proteger no solo el derecho de los beneficiarios sino también “la contribución colectiva con que se los sostiene” (Fallos: 219:343), razón por la cual el cobro de este gravamen a las jubilaciones más elevadas está justificado por motivos de justicia distributiva e interés general.
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Para el Dr. Rosenkrantz (en disidencia), los hechos y la prueba ofrecida por la actora (documental e informativa en subsidio) no demuestran que la retención del 30% por impuesto a las ganancias haya sido confiscatoria ni irrazonable y advierte que la jubilación cobrada en mayo de 2015 fue de $ 81.503,42, época en que donde el haber promedio era de $ 5.179 (fuente www.anses.gob.ar/información/datos-abiertos-pasivos, último acceso 21 de marzo de 2019).
A modo de conclusión, el fallo comentado presenta un cambio de paradigma por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar del voto en disidencia de su Presidente el dr. Rosenkrantz, ya que si bien enuncia los principios tributarios apuntados, pondera en especial el goce de los derechos de la seguridad social de una persona humana integrante de un colectivo de vulnerables (ancianos y enfermos) a tal punto que instruye al legislador acerca de cómo debe legislar al momento de definir la política fiscal.
A partir de este nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los beneficios de la seguridad social respecto de los jubilados tienen mayor peso constitucional que la recaudación tributaria.
Susana Accorinti
Susana.accorinti@hotmail.com
(1) Constitución Nacional: art. 75 inciso 23. En especial, a favor de los niños en situación de desamparo (desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental), las madres durante el embarazo y el tiempo de lactancia, los ancianos y las personas con discapacidad.
(2) Fallos 328:566 “Itcovich”; Fallos 328:1602 “Sanchez”; Fallos 329: 3089 “Badaro”; Fallos 332:1914 “Elliff”; Fallos 341:1924 “Blanco”; Fallos 337:1564 “Villarreal”; Fallos 338:1092 “Etchart”; Fallos 339:61 “Deprati”; Fallos 337:530 “Pedraza” y Fallos 339:740 “Constantino”.
(3) Primera (1982) y Segunda (2002) Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (convocadas por la Asamblea General de Naciones Unidas); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ley 24.658); Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360).
(4) Conforme doctrina de esa misma Corte, Fallos: 278:232; 300:616; 303:1155: 321:2181, entre otros.