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NO DISPARE

Disparar a quien huye o se fuga para asegurar su detención, no constituye el accionar más ajustado a las normas constitucionales y convencionales que protegen la vida y la integridad física de las personas.

 

Yanina Di Blasio

Abogada T   82 F 746 CPACF

 

            Disparar a quien huye o se fuga para asegurar su detención, por más grave y repugnante que hubiera sido el delito por él cometido, decididamente no constituye el accionar más ajustado a las normas constitucionales y convencionales que protegen la vida y la integridad física de las personas, en cuyo nombre se ha dictado la Resolución Nº 956/2018[1] del Ministerio de Seguridad de la Nación, salvo, claro está, que nos encontremos proyectando una de esas antiguas películas estadounidenses en las que el malo era buscado vivo o muerto.

            Peor aún, la resolución rebasa los límites que impone nuestro Código Penal en materia de causas de justificación, como es el caso de la legítima defensa propia o de un tercero, reguladas en su art. 34. 6º y 7º, en tanto pasa por alto una circunstancia clave que debe verificarse en cada caso concreto: la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión que, a su vez, se conjuga con lo dispuesto en el art. 184. 11) de nuestro régimen de enjuiciamiento penal que reza: “[l]os funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones: [...] 11) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.”

¿Puede afirmarse, entontes, que es racional disparar a alguien para procurar su detención o para evitar su fuga? ¿Es, acaso, más importante asegurar la captura del presunto delincuente que su propia vida y la de los eventuales transeúntes que pudieran quedar expuestos a los disparos? Deberá analizarse meticulosamente cada caso concreto, pero por lo pronto, el legislador ya ha previsto dos respuestas a estos interrogantes, la primera, a través del art. 35 del C. cit., por cuyo conducto dispuso que los excesos en los límites fijados en el art. 34 no serán abarcados por el manto de no punibilidad de dicha norma, sino que serán merecedores del castigo aplicable a los delitos culposos y, la segunda, a través de la incorporación del inciso noveno al art. 80 del mismo plexo legal, relativo a los homicidios cometidos por miembros integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, abusando de su función o cargo.[2]

Y no habrá de perderse de vista que una resolución ministerial carece de legitimidad para controvertir una norma dictada por el Congreso Nacional, en uso de las facultades conferidas por el art. 75 inciso 12 de nuestra ley de leyes, como es el caso del Código Penal, máxime si de acuerdo a lo preceptuado en el art. 99 inciso 3 de la misma, el Poder Ejecutivo tiene absolutamente vedada la facultad de arrogarse el papel de legislador, muy especialmente en materia penal. 

Desde otro mirador, aparecen como simples afirmaciones dogmáticas las referencias   que se efectúan en la resolución citada respecto al Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley[3], los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley[4] y el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos[5], en tanto el contenido de dicha resolución -especialmente sus arts. 2. c) y d) y 5 f)[6]-  no se ajusta a los principios elementales que emanan de esos documentos internacionales.

Así es, en efecto, por cuanto en el Código de Conducta citado se considera que el uso de armas de fuego constituye una medida extrema de utilización excepcional en caso que el presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no se lo pueda reducir o detener aplicando medidas menos extremas[7], a la vez que los referidos Principios Básicos  establecen que, en cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida[8].  En consonancia con ello, el Informe sobre Seguridad Ciudadana efectúa una serie de recomendaciones específicas, entre las cuales se encuentra la de regular mediante ley formal y material los procedimientos policiales que involucran el uso legítimo de la fuerza letal, estableciendo que el mismo se considera un último recurso que debe aplicarse en el marco de los principios de necesidad, gradualidad, progresividad y racionalidad.[9]

En suma, al margen del sinnúmero de casos que puedan configurarse en la práctica, el agente actuará bajo el abrigo de una causa de justificación cuando su accionar se oriente a impedir un peligro cierto y concreto  para  la vida y/o  la integridad física propia y de terceros, peligro que no se avisora en el decurso de una simple persecución policial.

Finalmente, conviene recordar que el anterior Reglamento General de Armas y Tiros de la Policía Federal Argentina[10] establecía prudentemente que, aún frente a situaciones extremas, cuando deben tomarse decisiones instantáneas bajo circunstancias inciertas y cambiantes, sin probabilidad de un análisis riguroso, el uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar el enfrentamiento con personas armadas, con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes. Y, en armonía con lo anterior, disponía que la fuga no justifica el uso de armas, excepto que en su huida el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial o terceros inocentes.

Corolario de lo expuesto es que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben actuar con prudencia, evaluando las circunstancias de cada caso concreto. No se trata, como se apresurarán algunos a manifestar, que se les quieren “atar las manos”, sino todo lo contrario, que deben cumplir con el imperativo legal de impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores[11] racionalizando en la medida de lo posible el uso de la fuerza, para asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de todos. Porque seguridad a cualquier precio, especialmente al margen de la Constitución Nacional y del Código Penal, no es seguridad, es ilegalidad.

 

 

[1] B.O. 3/12/2018.

[2] Incorporado por la Ley Nº 25.816 (12/11/2003).

[3]Aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en fecha 17/12/1979 e integrado al derecho interno a través de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, cuyo art. 22 dispone que los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior deberán incorporar a sus reglamentaciones el Código de Ética profesional aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, por conducto del Decreto Nº 637/2003, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal deben presentar anualmente ante el Ministerio de Justicia un informe detallado de las medidas adoptadas para la difusión e implementación de las disposiciones del Código de Conducta, debiendo incorporar a sus actividades cursos, seminarios o jornadas destinados al personal de dichas fuerzas, siendo un requisito excluyente para su promoción al grado inmediato superior.

[4] Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, desde el día 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

[5] Emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 31/12/2009.

[6] El art. 2 del reglamento prescribe que “[s]e hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces o tros medios no violentos, en los siguientes casos:  (...) c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.” A su turno, el art. 5 dispone que “[s]e considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias: f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.”

[7] Comentario al art. 3º del Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

[8] Art. 9 de los Principios sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

[9] Recomendación específica 13. b).

[10] Suplemento de la orden del día interna Nº 25, de fecha 6/12/2012.

[11] Así lo dispone el art. 183 del Código de Procedimiento Penal.